El Topo no es periodista. Le gusta creer que es historiador. Sin embargo, no siempre se puede esperar a que los acontecimientos se hagan historia. De hecho, cuando los periodistas no hacen su trabajo (o lo hacen demasiado bien porque son más fieles a quien les paga que a su oficio), a uno le apetece sustituirles. El caso de Aminatu Haidar no puede esperar. Es una persona a la que han expulsado de su casa y de su tierra y que corre un grave riesgo si no abandona la huelga de hambre que mantiene. El culpable de su situación es un tirano, Mohamed VI, al que normalmente no se ataca en los medios de comunicación porque están muy ocupados con los Castro, Hugo Chávez y Evo Morales. Pero el papel protagonista de Marruecos no debe hacernos olvidar el indispensable rol de palanganero que está desempeñando el gobierno español en este asunto. De hecho, para nosotros es el punto clave de todo este vergonzoso asunto, porque es a nuestros gobernantes a quien podemos pedir explicaciones y exigir que asuman responsabilidades. Por eso al Topo hoy le apetece contar lo que sabe de buena tinta sobre este asunto y que los medios de comunicación parecen ignorar. O son muy torpes (porque el Topo no tiene nada de superagente secreto y sin embargo lo sabe) o son muy despreciables.
Cuando el dictador de Rabat decidió meter a Haidar sin pasaporte en un avión español con rumbo a Lanzarote, el piloto se negó a despegar con una persona indocumentada a bordo, como la lógica más elemental dicta. Sin embargo, terminó haciéndolo porque recibió una llamada del ministerio de Exteriores pidiéndole continuar ruta normalmente. Moratinos había sido informado previamente por su homólogo marroquí sobre lo que pensaban hacer con Haidar. Le dijo que sería cuestión de unos pocos días, para castigar a la activista por su insistencia en declarar proceder del Sáhara Occidental en lugar de Marruecos. Le dijo también que Lanzarote era un destino ideal porque tendría poca repercusión mediática. El señor Moratinos aceptó porque temía crear un conflicto con el vecino sureño, porque forma parte de un gobierno cobarde y porque pensó que el caso pasaría desapercibido y se solucionaría rápidamente. Pero Mohamed VI no sólo es un sátrapa, sino que además no tiene palabra. Esto deberían saberlo nuestros políticos ya. No tenía la menor intención de permitir el regreso de Haidar a corto plazo. Desde entonces, todo son evasivas y el gobierno español está, una vez más, haciendo el ridículo más espantoso. A los mamíferos de bien no nos importa en exceso el ridículo de una gente a la que ya antes no otorgábamos ningún crédito. Pero la injusticia, la mezquindad y la cobardía no nos resultan indiferentes. Sobre todo, nos preocupa que comprometan la vida de una persona que está acostumbrada a luchar y a sufrir por exigir sus derechos, pero que corre un grave riesgo de muerte si las cosas no cambian. El gobierno español es culpable de esto, como lo es de seguir ignorando el caso del Sáhara Occidental, que sus antecesores barrieron bajo la alfombra en 1975. Allí sigue desde entonces. Nadie en todo este tiempo ha querido hacer limpieza, tampoco en lo relativo a este asunto. Se nos acumula la mierda por doquier y los armarios rebosan cadáveres. Por eso este país apesta.
martes, 8 de diciembre de 2009
viernes, 4 de diciembre de 2009
En defensa de los derechos fundamentales en internet
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.
miércoles, 2 de diciembre de 2009
De aquellos polvos vienen estas arenas de Tinduf
Hace semanas que Aminatou Haidar duerme en el suelo del aeropuerto de Lanzarote. Su caso es una consecuencia más de la fraudulenta transición a la democracia en España de la que hablaba hace días al cumplirse el aniversario de la muerte de Franco. Esta activista saharaui fue expulsada por Marruecos, que se niega a permitirle volver a su casa hasta que renuncie a sus convicciones, en particular el deseo de ver una república saharaui independiente. España es culpable de haber abandonado a los saharauis a su (mala) suerte en 1975 y ahora el actual gobierno del talante y otras zarandajas vuelve a actuar cobardemente haciéndole el caldo gordo a Rabat en vez de dar de una vez por todas un puñetazo sobre la mesa. Es lo mínimo que se puede pedir, porque a los saharauis les debemos no un puñetazo, sino toda una retahila de golpes, la que ellos coleccionan muy a su pesar desde hace casi cuarenta años.
No debe sorprender que la descolonización española resultara tan patética como la colonización, propias ambas de una potencia de cuarta fila que sólo accedió a una pequeña porción del pastel africano porque Francia e Inglaterra consideraron que era una buena solución para mantener el equilibrio entre ellas. Entramos por la puerta de atrás al vergonzoso negocio de la explotación de los pueblos extraeuropeos y salimos por el mismo sitio, dejándole las llaves del solar al vecino mamporrero y tiránico, para mayor escarnio de la población local.
Cuando en 1956 Marruecos accedió a su independencia comenzó, paradójicamente, a reclamar un pasado imperial tan bastardo como infundado que pretendía esgrimir para incorporar el Tinduf argelino, el Sáhara Occidental, Mauritania y parte de Malí. En realidad, este Gran Marruecos escondía los mismos afanes que habían llevado a los europeos a África: el acceso a los minerales y a la pesca, entre otros. A consecuencia de la agitación marroquí en la zona, en el año 58 la colonia se asimiló con el estatuto de provincia para mejor controlarla, mientras se iniciaba la explotación de los ricos yacimientos de fosfatos cerca de Dajla. Fosfatos de Bu Cra, empresa pública propiedad del INI, acometió inversiones importantes ignorando absolutamente la tendencia descolonizadora que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se imponía en el continente. Estas inversiones son una de las causas de la posición inmovilista de España, que retrasó la independencia hasta hacerla imposible. Dilatando el proceso de retirada española, se llegó a un momento en que ya prácticamente todo el continente era independiente de larga fecha. Así se sentaron las bases para que los vecinos, ya plenamente consolidados, vinieran a aprovecharse de la debilidad saharaui en 1975 para sustituir al ocupante español y apropiarse el país.
Con la muerte de Carrero en 1973 las posiciones más duras perdieron a su principal valedor y el gobierno de Arias Navarro empezó a soltar amarras, en especial desde que la Revolución de los Claveles portuguesa, motivada en buena parte por el hartazgo del ejército colonial portugués ante la cerrazón de la dictadura de Caetano, le metiera el miedo en el cuerpo. Arias puso sus barbas a remojar redactando un proyecto de Estatuto que reconocía que el Sáhara Occidental no era español sino un territorio administrado que podría eventualmente acceder a la independencia con un paso intermedio con entidades de gobierno autónomas. Pero la enfermedad de Franco, las presiones de Marruecos y el temor a la reacción de las petromonarquías árabes conservadoras en el contexto de la crisis del petróleo hicieron que el miedo triunfara y el Estatuto no se llegó a aprobar.
Todos los elementos del drama estaban ya configurados. Sólo faltaba el apoyo de Estados Unidos a las pretensiones expansionistas de Hassan II, algo que era previsible dado que el movimiento anticolonialista saharaui tenía tintes revolucionarios y, en cualquier caso, era sumamente democrático y avanzado política, social y culturalmente. Esto no interesaba a Washington, que preferia entregar el territorio a una monarquía teocrática, ultraconservadora y dócil a sus intereses, como era la marroquí. Sabedor de ese respaldo, Hassan II aprovechó la inestabilidad en España a causa de la enfermedad de Franco para lanzar el órdago de la Marcha Verde y ocupar un país en el que hoy sigue todavía haciendo presa su hijo y heredero. La Marcha Verde se gestó en un gabinete de Londres, con financiación saudita y norteamericana y bajo los auspicios de Henri Kissinger. El gobierno de Madrid consumó la tragedia de la forma vergonzante que cabía esperar de él: hizo creer a los saharauis que podría acceder a un traspaso de poderes semejante al ocurrido en Mozambique con el FRELIMO tras la Revolución de los Claveles, pero en realidad ya había decidido claudicar ante Marruecos y todo era una estrategia para mantener la calma hasta entonces.
Desde ese momento hasta hoy, asistimos al lamentable espectáculo de la laxitud de los gobiernos españoles en particular y europeos en general con la inaceptable ocupación marroquí del Sáhara. Ésta ha sido condenada en repetidas ocasiones por la ONU, que preconiza un referéndum de autodeterminación. Pero las resoluciones de las Naciones Unidas están ahí para usarlas a conveniencia, tergiversarlas o utilizarlas como disculpa para desencadenar guerras por intereses bastardos, nunca para hacerlas cumplir cuando las víctimas no tienen padrinos poderosos, sean palestinos o saharauis. La Unión Europea sigue negociando los recursos pesqueros del Sáhara con el ocupante sin ponerse colorada y nuestros gobiernos siguen riéndole las gracias al tirano de Rabat. El pueblo saharaui sigue, por su culpa, padeciendo la represión, la guerra y el exilio. Los gobiernos de Suárez no sólo callaron, sino que vendieron armas y adiestraron a militares marroquíes. El PSOE, que había vociferado contra la anexión marroquí presa del radicalismo exclusivamente estético y verbal del que hizo gala durante la transición, tardó en traicionar a los saharauis lo que le llevó llegar al gobierno. La actitud del ejecutivo de Zapatero es digna heredera de la pusilánime actuación de los de Felipe González.
Como consecuencia de todo esto, Haidar duerme en el suelo de un aeropuerto español y otros muchos miles lo hacen en campamentos de fortuna en el exilio de Tinduf, en el desierto argelino. Los españoles seguimos dormidos desde 1975, pensando que somos un país modélico con un sistema político perfecto salido de un proceso inmaculado llamado transición. Eso sí, nosotros dormimos sobre superficies más mullidas.
No debe sorprender que la descolonización española resultara tan patética como la colonización, propias ambas de una potencia de cuarta fila que sólo accedió a una pequeña porción del pastel africano porque Francia e Inglaterra consideraron que era una buena solución para mantener el equilibrio entre ellas. Entramos por la puerta de atrás al vergonzoso negocio de la explotación de los pueblos extraeuropeos y salimos por el mismo sitio, dejándole las llaves del solar al vecino mamporrero y tiránico, para mayor escarnio de la población local.
Cuando en 1956 Marruecos accedió a su independencia comenzó, paradójicamente, a reclamar un pasado imperial tan bastardo como infundado que pretendía esgrimir para incorporar el Tinduf argelino, el Sáhara Occidental, Mauritania y parte de Malí. En realidad, este Gran Marruecos escondía los mismos afanes que habían llevado a los europeos a África: el acceso a los minerales y a la pesca, entre otros. A consecuencia de la agitación marroquí en la zona, en el año 58 la colonia se asimiló con el estatuto de provincia para mejor controlarla, mientras se iniciaba la explotación de los ricos yacimientos de fosfatos cerca de Dajla. Fosfatos de Bu Cra, empresa pública propiedad del INI, acometió inversiones importantes ignorando absolutamente la tendencia descolonizadora que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se imponía en el continente. Estas inversiones son una de las causas de la posición inmovilista de España, que retrasó la independencia hasta hacerla imposible. Dilatando el proceso de retirada española, se llegó a un momento en que ya prácticamente todo el continente era independiente de larga fecha. Así se sentaron las bases para que los vecinos, ya plenamente consolidados, vinieran a aprovecharse de la debilidad saharaui en 1975 para sustituir al ocupante español y apropiarse el país.
Con la muerte de Carrero en 1973 las posiciones más duras perdieron a su principal valedor y el gobierno de Arias Navarro empezó a soltar amarras, en especial desde que la Revolución de los Claveles portuguesa, motivada en buena parte por el hartazgo del ejército colonial portugués ante la cerrazón de la dictadura de Caetano, le metiera el miedo en el cuerpo. Arias puso sus barbas a remojar redactando un proyecto de Estatuto que reconocía que el Sáhara Occidental no era español sino un territorio administrado que podría eventualmente acceder a la independencia con un paso intermedio con entidades de gobierno autónomas. Pero la enfermedad de Franco, las presiones de Marruecos y el temor a la reacción de las petromonarquías árabes conservadoras en el contexto de la crisis del petróleo hicieron que el miedo triunfara y el Estatuto no se llegó a aprobar.
Todos los elementos del drama estaban ya configurados. Sólo faltaba el apoyo de Estados Unidos a las pretensiones expansionistas de Hassan II, algo que era previsible dado que el movimiento anticolonialista saharaui tenía tintes revolucionarios y, en cualquier caso, era sumamente democrático y avanzado política, social y culturalmente. Esto no interesaba a Washington, que preferia entregar el territorio a una monarquía teocrática, ultraconservadora y dócil a sus intereses, como era la marroquí. Sabedor de ese respaldo, Hassan II aprovechó la inestabilidad en España a causa de la enfermedad de Franco para lanzar el órdago de la Marcha Verde y ocupar un país en el que hoy sigue todavía haciendo presa su hijo y heredero. La Marcha Verde se gestó en un gabinete de Londres, con financiación saudita y norteamericana y bajo los auspicios de Henri Kissinger. El gobierno de Madrid consumó la tragedia de la forma vergonzante que cabía esperar de él: hizo creer a los saharauis que podría acceder a un traspaso de poderes semejante al ocurrido en Mozambique con el FRELIMO tras la Revolución de los Claveles, pero en realidad ya había decidido claudicar ante Marruecos y todo era una estrategia para mantener la calma hasta entonces.
Desde ese momento hasta hoy, asistimos al lamentable espectáculo de la laxitud de los gobiernos españoles en particular y europeos en general con la inaceptable ocupación marroquí del Sáhara. Ésta ha sido condenada en repetidas ocasiones por la ONU, que preconiza un referéndum de autodeterminación. Pero las resoluciones de las Naciones Unidas están ahí para usarlas a conveniencia, tergiversarlas o utilizarlas como disculpa para desencadenar guerras por intereses bastardos, nunca para hacerlas cumplir cuando las víctimas no tienen padrinos poderosos, sean palestinos o saharauis. La Unión Europea sigue negociando los recursos pesqueros del Sáhara con el ocupante sin ponerse colorada y nuestros gobiernos siguen riéndole las gracias al tirano de Rabat. El pueblo saharaui sigue, por su culpa, padeciendo la represión, la guerra y el exilio. Los gobiernos de Suárez no sólo callaron, sino que vendieron armas y adiestraron a militares marroquíes. El PSOE, que había vociferado contra la anexión marroquí presa del radicalismo exclusivamente estético y verbal del que hizo gala durante la transición, tardó en traicionar a los saharauis lo que le llevó llegar al gobierno. La actitud del ejecutivo de Zapatero es digna heredera de la pusilánime actuación de los de Felipe González.
Como consecuencia de todo esto, Haidar duerme en el suelo de un aeropuerto español y otros muchos miles lo hacen en campamentos de fortuna en el exilio de Tinduf, en el desierto argelino. Los españoles seguimos dormidos desde 1975, pensando que somos un país modélico con un sistema político perfecto salido de un proceso inmaculado llamado transición. Eso sí, nosotros dormimos sobre superficies más mullidas.
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